|Por: Jorge Salcedo|
Históricamente los aspectos centrales de todo acuerdo de paz son dos: La amnistía a los delitos políticos con sus conexos y la garantía de participación en política de los desmovilizados. La "posmodernidad" jurídica nos trajo, además, la verdad, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición, como componentes esenciales de los nuevos procesos.
Miles de acuerdos que nos evidencia la historia no tuvieron estos, ahora, indispensable conceptos. La dejación de las armas por parte de los subversivos que cesan en su empeño armado - que no la entrega al ejercito enemigo para que las sume a su arsenal - es de tal obviedad que presentar por parte del gobierno como un "logro" que las FARC acepten dejar las armas, es ridículo: los procesos de paz son para eso.
Sobre los dos aspectos históricamente considerados como los mínimos, es decir, el alcance de la amnistía y la garantía de participación en política de los revolucionarios, no se ha acordado nada. Lo concreto, entonces, es que sobre lo fundamental, después de tres años de conversaciones no se ha avanzado y las dos partes - cada una por su lado - especulan, mostrándose peligrosamente lejanos sobre tales aspectos. Como antecedente debe recordarse que Belisario Betancur empezó su proceso con el trámite de una ley de amnistía lograda con una mayoría apabullante en el Congreso y dando personería jurídica al partido al que llegarían los rebeldes: la UP. Entonces los guerrilleros, al empezar las conversaciones, tenían garantizado el ser amnistiados y, formalmente (en la práctica el genocidio cometido demostró lo contrario), el espacio de participación política. Aunque nadie esperaría que estos aspectos se dieran hoy de antemano, como ocurrió en la época de Belisario, si es evidente que deben ser resueltos en primerísimo lugar, así su aplicación efectiva se deje para el final del proceso.
Es decir, lo acordado hasta hoy - que algunos celebran como el logro de la paz - es lo procedimental del proceso entre el gobierno y las FARC, que aunque es muy importante resultaría francamente insulso si no se resuelve sobre lo sustancial. El proceso de Belisario, que termino en el gobierno de Barco y que al parecer tenía claro lo esencial de un proceso de paz, fracaso en lo procedimental porque no fue posible garantizar el cese al fuego pactado que terminó roto en un doloroso episodio militar producto del inexistente control del gobierno sobre el ejército oficial. Siguiendo los lineamientos del ex - general Landazabal y sus aliados dentro del ejército, los enemigos de la paz de entonces, lograron sabotear el cese al fuego y obtener la desastrosa manifestación del Presidente Barco que declaró rota la tregua "donde quiera que se rompa" lo que determinó en fin de aquel proceso.
Tal vez estamos leyendo mal la historia al creer que acordando lo procedimental, en lo que falló el proceso inicial, ya ganamos la paz. Estamos olvidando lo fundamental para las partes del conflicto (los alcances de una ley de amnistía amplia y generosa y las garantías de participación políticas, puntos sobre los que al parecer las partes están muy lejanas), y lo esencial para el Pueblo (que se resuelvan las causas económicos, políticas y sociales del conflicto social, es decir, la perpetua exclusión a la que se somete a las mayorías de los bienes, avances y garantías de la producción social de la que se apropian unas élites minoritarias).
Como conclusión, debe decirse que se acaba de pactar la importante parte procedimental del proceso de paz entre el gobierno y las FARC que empezaran a debatir sobre lo sustancial para las ellos; quedando por fuera de los diálogos de La Habana la paz social y económica, es decir la Paz del pueblo.
Para quienes no somos parte de la coalición del gobierno, no somos miembros de las FARC ni de la oposición uribista - al tener claro que las FARC renunciaron a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, amplia y democrática, donde se hubiesen podido tramitar los problemas de la Paz del pueblo - quedó claro que la Paz social y económica no está en discusión en La Habana.
La invitación, entonces, es, por una parte; a que observemos el proceso del gobierno y de las FARC, esperando y deseando que resuelvan pronto y eficazmente sus diferencias pero vigilantes - eso si - para que allí no se negocie la verdad sobre los crímenes de estado cometidos (entre ellos el genocidio contra la UP) y la impunidad de quienes nunca no han sido ni podrán ser considerados delincuentes políticos (los agentes del estado y de la sociedad involucrados) y, por la otra; a que hagamos política de masas, desde las bases sociales, para buscar la paz social, económica y política que (ya quedó claro) no se tramita en La Habana, confrontando a un gobierno atrabiliario y negador de derechos parapetado en la afirmación de que está haciendo la Paz en La Habana.
(*) Militante de base de “Bases en rebelión de la UP"
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